La presidenta del PPD, Adriana Muñoz, señaló que el viernes pasado el presidente Sebastián Piñera se comunicó telefónicamente con ella para pedirle su opinión respecto a la propuesta de la Iglesia Católica sobre el Indulto Bicentenario, debido a que no quería dilatar más su decisión respecto a este tema.
La parlamentaria señaló que el Partido por la Democracia rechaza tajantemente un indulto de carácter generalizado a través del envío de un proyecto de ley, y la inclusión de ex uniformados en este beneficio, ya que hubiera provocado reabrir las heridas del pasado y un debate interminable en el Parlamento.
“Por tal razón, valoramos que el presidente haya escuchado y acogido la posición no sólo de nuestro partido, sino que también de otros partidos de oposición, de las agrupaciones de DDHH y de la gran mayoría de la sociedad civil, optando por no provocar dolores en la sociedad chilena”, manifestó.
La parlamentaria agregó que “como PPD valoramos que también se haya excluido de cualquier beneficio a delitos especialmente graves, como los de terrorismo, narcotráfico, homicidio, hechos de sangre, violaciones, abuso contra menores, y a reincidentes. Y además, que se utilicen mecanismos como el brazalete electrónico para fortalecer el control de quienes gozarían beneficios carcelarios para no poner en peligro la seguridad ciudadana”.
Por su parte, el jefe de la Bancada PPD, Ramón Farías, señaló que si bien “nos alegramos con la decisión del presidente de no incluir dentro del indulto a violadores de los DDHH, preocupa que haya hablado de que aplicará este beneficio caso a caso”.
“Esa es una facultad propia del Presidente de La República, sin embargo, a nosotros siempre nos ha preocupado la letra chica de los anuncios del gobierno. Un ejemplo de ello, es el anuncio de la eliminación del 7% de las cotizaciones de salud de los jubilados, que al final sólo beneficiará sólo a algunos y con muchas condiciones”, manifestó Farías.
En ese sentido, el parlamentario indicó que esperamos que el presidente sea cuidadoso al momento de otorgar este beneficio, y propuso que sea dirigido aquellos que han cumplido 70 por ciento de la pena, enfermos terminales o que vivan situaciones extremas.